Desde hace más de dos décadas la acción
política empezó a favorecer el centro y a
reducir la lucha social solo al intercambio de argumentos y negociaciones de
compromisos en donde los intereses de cada uno son reconciliados. El ciclo de la política confrontacional que domino al Occidente desde la Revolución
Francesa, según el consenso pos político,
ha llegado a su término y la bi-polaridad izquierda-derecha que la
sustentaba es hoy solo una herencia modernista que necesita ser transcendida por la democracia
"dialogica". La confrontación de clase debe dar paso a la negociación
de intereses, la búsqueda de consensos y la unanimidad social.
El filosofo alemán
Kant fue uno de los primeros pensadores que intento proporcionarle a las
instituciones democráticas un
fundamento racional universal. Según
Habermas el modernismo, a pesar de los esfuerzos de sus mejores teoricos, no fue
capaz de lograr este objetivo porque la investigación se
movió dentro de la tradición de la filosofía del sujeto y no tanto porque el
objetivo era inalcanzable. Lo que necesitamos hacer, dice, si queremos evitar
el relativismo político, es salir del círculo de la subjetividad y enfocarnos en las relaciones inter
subjetivas. Dentro de estas relaciones la comunicación racional es la
fuerza argumentativa unificadora, creadora
de consensos con la que los
miembros de la comunidad pueden lograr superar sus estrechos intereses
personales y adoptar acuerdos racionales sin la amenaza de la coerción. La
comunicación racional es una experiencia humana central y un mecanismo de
coordinación social clave en la vida de la especie. Un proceso cooperativo en busca de la
comprensión mutua. En un intercambio democrático ideal, en donde las
relaciones de poder han sido neutralizadas, la única fuerza activa en el debate público debe ser la fuerza del mejor argumento ¿Cómo logramos
este estado democrático ideal? A través de
un procedimiento normativa ultimo que
permita la expresión de diferentes proyectos políticos. Racionalidad, en este
contexto, no es la racionalidad sustantiva clásica, sino la racionalidad de los
procedimientos que posibilitan el dialogo. Es la que establece normas basadas
en presuposiciones capaces de garantizar
la imparcialidad de los juicios y
acuerdos. Dicho de otra manera, lo que es correcto y verdadero en un proceso
comunicativo dado solamente depende de los que participan en el según reglas
determinadas ya de antemano.
Este es un
discurso netamente “jurídico-discursivo” al ligar la formación de la voluntad
política racional a la institucionalidad
judicial. La autorización del poder por
la ley y la aprobación de la ley por el
poder constituyen un solo acto. El marco democrático ideal se define por
procesos legislativos, desarrollos institucionales y procedimientos de planificación. Esta es una
visión optimista de progreso social y de
fortalecimiento de la sociedad civil que
se basa en la creación de constituciones y en el desarrollo y reforma de instituciones que
le permitan a una sociedad
pluralista crear la unidad ciudadana y
cambiar gobiernos en una dirección cada vez mas democrática y efectiva.
Aquí nos encontramos con un excelente proyecto que funciona
maravillosamente bien en condiciones ideales, al igual que la sociedad sin
clases de la utopía marxista, pero que nunca coincide con la porfiada realidad,
como doscientos años de escritos
constitucionales lo demuestra. La utopía del consenso y la unidad es una cosa. Como
llegar a ella es otra. La falta de socialización y de instituciones adecuadas,
la pobreza, el abuso, la explotación y
la degradación son los porfiados
obstáculos que impiden la democracia dialogica. Sin una comprensión de
las relaciones de poder que atraviesan el campo social es bien difícil lograr
cambios democráticos.
Si hay alguna
generalización que sea difícil de negar
probablemente sea la que describe al ser humano como desagradecido,
inconsistente, mentiroso, egoísta y engañador. Si prestamos un poco de atención
a la forma en que la comunicación se lleva a cabo notamos muy luego que se
caracteriza mayormente por la retórica irracional y la defensa de intereses
particulares. La validez de los juicios en cualquier campaña política o
controversia ideológica, por ejemplo, se logra a través de la elocuencia, de los
controles ocultos, racionalizaciones, carisma o relaciones de dependencia, más
que por argumentos racionales, transformando el proceso comunicativo en un
ejercicio de dominación y poder. No se trata de dejar de lado o renunciar al
intento de identificar y evaluar los argumentos y los procedimientos normativos. Pero, tampoco
debemos olvidar que hay conflictos que
no tienen solución argumentativa. En la sociedad civil real, opuesta a la
ideal, son justamentos estos los que
atraen la atención y los que producen cambios que amplían la democracia. La
cuestión no es solo como logramos el consenso, sino también, como entendemos el
funcionamiento del poder.
En el mundo real
existen grupos que tienen diferentes visiones del mundo y diferentes intereses
y no hay un principio general, incluyendo la fuerza del mejor argumento, con el
que las diferencias puedan ser
resueltas. La autorización del poder por la ley, dice el filósofo
francés Foucault, es completamente incongruente con los nuevos métodos del
poder que se emplean en niveles y formas que sobrepasan el estado y sus
aparatos. La ley y las instituciones y programas estatales no garantizan la libertad,
la igualdad o la democracia. Incluso, dice Foucault, el sistema institucional
completo, no puede asegurar la libertad que es, justamente, su propósito. La
tarea política es desenmascarar la seudo neutralidad e independencia de las
instituciones sociales y mostrar la violencia política que siempre han ejercido
con el fin de resistirla. El problema no es el de eliminar las relaciones de
poder, sino reducir a un mínimo la dominación de las normas legales y las técnicas
administrativas. Es la resistencia y la lucha, el activismo y el poder
político, a diferencia de la política
del consenso, la ruta más sólida en la consecución de mayor libertad y cambio social como muestran las
batallas populares del siglo XX.
La idea de que los
procedimientos y normas existentes en los países democráticos pueden proveer el
marco racional para lograr consensos y la armonía entre los diferentes grupos y
clases sociales en conflicto no pasa las pruebas empírico-históricas. Generalmente la democracia surge, no porque la
gente quiere esta forma de gobierno o porque han logrado un consenso
mayoritario, sino porque finalmente entre los diferentes grupos en lucha unos pierden y otros ganan.
Es cierto que las Cortes de Justicia
resuelven conflictos y que argumentos, racionales o no, se emplean para
este propósito. Pero, sus resultados no dependen del acuerdo entre las partes.
Una vez que los argumentos han sido escuchados y el juez ha entregado su
veredicto, las partes tienen que aceptarlo, les guste o no. Y si no lo
respetan el sistema esta respaldado por un complejo aparato de
sanciones, policías y
cárceles. El poder necesita limitar el poder. No hay
manera de eludir el conflicto por lo que el análisis de las estrategias y
tácticas en la lucha por el poder es clave para entender las cuestiones de
inclusión y exclusión. La política del
consenso pareciera ignorar o tener bien poca comprensión de cómo el poder
funciona. Es fácil apoyarse en la constitución y en el desarrollo institucional
como solución. Otra muy distinta es lograr la implementación de cambios institucionales
o constitucionales específicos.
Los partidarios de la política del consenso tienen razón cuando dicen que los conflictos, por su mayor parte, son irrupciones sociales peligrosas que amenazan el orden social y necesitan ser contenidos o reprimidos. Sin embargo, a pesar de este peligro, hay bastantes evidencias en la historia reciente de que los conflictos sociales han ayudado a manter vivas a las democracias modernas al proveerles la fuerza y cohesión que ellas necesitan. Los gobiernos que suprimen los conflictos siempre terminan mal. Solo miremos el siglo pasado. En la vida política y social real el conflicto de intereses, el egoísmo, la explotación y la exclusión no van a desaparecer solo porque adoptamos el ideal de la unidad y la armonía social. El consenso político nunca va a neutralizar la contradicción social. Al final, lo que siempre permanece es el conflicto, el poder y el partidismo.
Los partidarios de la política del consenso tienen razón cuando dicen que los conflictos, por su mayor parte, son irrupciones sociales peligrosas que amenazan el orden social y necesitan ser contenidos o reprimidos. Sin embargo, a pesar de este peligro, hay bastantes evidencias en la historia reciente de que los conflictos sociales han ayudado a manter vivas a las democracias modernas al proveerles la fuerza y cohesión que ellas necesitan. Los gobiernos que suprimen los conflictos siempre terminan mal. Solo miremos el siglo pasado. En la vida política y social real el conflicto de intereses, el egoísmo, la explotación y la exclusión no van a desaparecer solo porque adoptamos el ideal de la unidad y la armonía social. El consenso político nunca va a neutralizar la contradicción social. Al final, lo que siempre permanece es el conflicto, el poder y el partidismo.
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