El General en Jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, durante
un homenaje a B.O’Higgins en el año 2000, recuerda que uno de los ejemplos del
padre de la patria no fue solo la capacidad para confrontar conflictos y luchar por los
intereses de la Patria, sino, también el de reconocer que después de restablecer
las instituciones y emprender grandes trabajos, es necesario cerrar las heridas que afectan al alma de la Nación…es
en este espíritu de reconciliación, dice, en el que se dieron la amnistía de
1819 y 1822. Este discurso, si consideramos el contexto en que se dio, obviamente tenia como fin un claro objetivo político…el
ejército quería que los civiles dejaran a Pinochet en paz. Si
después de diez anos de transición los militares todavía se sentían confortables influyendo en las
decisiones del gobierno es porque siempre han sido actores permanentes, visibles o no, en la lucha
perpetua por mantener influencia y aumentar sus recursos. Lo que hace altamente cuestionable
la vuelta a la democracia en Chile, hasta hoy día, es el hecho de que después de 1989 las Fuerzas Armadas nunca han
vuelto completamente a los cuarteles y se han mantenido como una poderosa
fuerza independiente capaz de cambiar
las políticas gubernamentales.
La supremacía civil
es un elemento básico en el orden democrático. Si la autoridad civil
esta sujeta a los constreñimientos militares, entonces, las preferencias del
electorado se supeditaran a las
preferencias militares en áreas claves y los procedimientos democráticos serán
subvertidos. Desde el mismo momento en que se inicia la transición en Chile los
legisladores civiles se han visto forzados, una y otra vez, a aceptar las
demandas militares para cambiar políticas, hacer concesiones o, simplemente,
eliminar ciertas proposiciones legislativas. Tanto el Presidente como los
Ministros, los miembros del Congreso y
el Poder Judicial se han vistos
incapacitados, en muchas ocasiones, de llevar a cabo sus mandatos. Si los militares
han dejado el Gobierno, no significa que
hayan dejado de controlarlo en aquellas áreas que les interesan, lo que hace
imposible afirmar que hoy, en Chile, existe una completa supremacía civil.
Cuando la Junta abre el camino al Gobierno civil,
las fuerzas armadas quedaron en una excelente posición de privilegio e
influencia. A diferencia de Uruguay, Perú o Argentina las dictaduras de Brasil
y Chile lograron, en un mayor grado,
institucionalizar el autoritarismo militar (la constitución de 1989 en Chile,
por ejemplo, institucionaliza la vigilancia autoritaria sobre el régimen civil,
el sistema electoral que favorece a la derecha, el poder limitado del
Presidente sobre las Fuerzas Armadas, el papel del Consejo de Seguridad
Nacional, la institución de senadores no electos, el Tribunal Constitucional y
los requerimientos rígidos de votos para cualquier intento de reforma constitucional), lo que les proporciona una
mayor base de poder durante la transición permitiéndoles determinar de por si
los grados de compromiso con el poder civil. Y, el plebiscito de 1988 mostró, además, que
todavía una significante minoría de chilenos compartía las preocupaciones
militares en relacion a la eficacia de un gobierno civil. El apoyo público
significaba que los grupos pro-reformas encontrarían serias dificultades para
efectuar cambios. La popularidad de la oposición significaba un serio obstáculo
a cualquier reforma constitucional o institucional sustantiva.
En 1989 la Concertación dio a conocer sus
ambiciosas proposiciones programáticas que buscaban cambiar virtualmamente cada
aspecto de las relaciones político-militares y reformar gran parte de los
elementos autoritarios de la Constitución de
1989 (investigar, juzgar y procesar las violaciones de derechos humanos
en Cortes Civiles, derogar la ley de amnistía de 1978, poder presidencial para
despedir comandantes en jefes, reformar la ley de Seguridad del Estado,
disolver el CNI, etc.). La respuesta militar fue rápida y negativa (Medina Lois,
General retirado, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas A. Matthei y
Pinochet) y la concertación se sintió forzada a eliminar o suspender sus
objetivos programáticos. La primera crisis cívico militar durante el gobierno
de P. Alwin, motivada por la investigación del Congreso a propósito del fraude económico
militar en el que se encontraba involucrado el hijo de Pinochet, le dio la
oportunidad a este de mostrar donde el último poder de la Nación realmente radicaba.
El 19 de Diciembre de 1990 Pinochet llama al acuartelamiento del ejército,
medida que tradicionalmente es asociada con la preparación para el combate y, también,
como un signo precursor de rebelión militar. El coronel J. Emilio Cheyre,
futuro Comandante en jefe, hace notar que la seguridad nacional se pone en
peligro cada vez que el General es amenazado. La fusión entre Pinochet y la
Institución permanecía intacta. El “ejercicio de enlace” de Diciembre culmina
con la aceptación gubernamental de todas las demandas del ejercito.
Posteriormente, el 28 de Mayo de 1993, frente al intento renovado de investigar
el mismo fraude financiero y las violaciones de derechos humanos contenidas en
el informe Rettig, el ejército nuevamente despliega su fuerza física en lugares
públicos forzando al gobierno a abandonar la investigación del escándalo
financiero, a modificar la política de derechos humanos y despedir al
subsecretario de guerra. El Gobierno de Frei, el segundo de la Concertación,
evito el problema de los derechos humanos y las relaciones cívico militares. El objetivo fue el de evitar cualquier
confrontación, forjar mejores relaciones con las Fuerzas Armadas y suspender la
búsqueda de supremacía civil. Sin embargo, el caso en contra del General
retirado Manuel Contreras y el Brigadier Pedro Espinosa por el asesinato de
Orlando Letelier en Washintong DC en 1976, muestra nuevamente la considerable autonomía
de poder que las Fuerzas Armadas poseían
y la habilidad en resistir las decisiones de las autoridades civiles. La demora
en aceptar la decisión de la Corte en
entregar a Contreras a las autoridades civiles para cumplir la condena le crea
serios problemas de credibilidad al Presidente Frei, que muestra la limitación
del Gobierno al aceptar la custodia mixta de Contreras (personal militar y gendarmería)
y poner punto final a la prosecución de la violación de los derechos humanos.
Mas adelante, a causa del arresto de Pinochet en Londres, los militares reiteran
su capacidad de determinación al formular una serie de medidas en defensa de
Pinochet llamando al Gobierno a sumar su
apoyo, el que responde con una serie de medidas diplomáticas. Cuando Ricardo
Lagos, el primer presidente socialista después del asesinato del Presidente Allende, asume el mando a
comienzos del ano 2000 continúa los esfuerzos de Frei y las Fuerza Armadas por
temor a crear un conflicto cívico-militar. El ejercito logra exitosamente unir
al Gobierno, la derecha política y al Arzobispo de Santiago en una estrategia
basada en la defensa de la soberanía nacional. En Marzo del 2000, el Secretario
del Interior del gobierno ingles, Jack Straw, anuncio que el General retornará
a Chile porque actualmente es incapaz de tomar parte en un juicio debido al
deterioro de sus facultades mentales. La ironía de todo esto es que gracias a
los esfuerzos de un Gobierno socialista el dictador, que fue responsable por el encarcelamiento
sin juicio, el exilio, la tortura, el desaparecimiento y el asesinato de miles
de chilenos se le otorga la libertad por razones humanitarias. Su retorno obligo a algunos
jueces a salvar las apariencias acelerando sus esfuerzos para obligar a
Pinochet y a otros a comparecer en la Corte para responder por las violaciones
de derechos humanos ocurridos bajo su mando. Pero, al igual que antes, estos
esfuerzos solo logran un limitado resultado y la Administración del Presidente Lagos no tuvo
más éxito que sus predecesores en constreñir la dirección militar.
Se podría decir que la transición a la era pos-dictatorial
se caracterizo por la habilidad de los grupos dirigentes en hacer reconocer al
pueblo que sus intereses estaban en olvidar activamente la historia dictatorial
y los procesos institucionales a los cuales estuvieron sujetos bajo el dominio
militar. Los amos de la violencia, al reclamar la propiedad única de los
intereses universales de la Nación, convencieron al electorado a adoptar
decisiones racionales y aceptar los términos de la transición democrática
ofrecidas por la dictadura y las negociaciones, en ultima instancia, fueron resueltas por la presión del miedo y la política del apaciguamiento.
Los grupos dirigentes, dice Moulian, usaron el miedo como justificación para
interpretar el bien común y las necesidades
de Chile. La transición a una democracia
libre de la cultura dictatorial del miedo se promueve sosteniendo la misma cultura del miedo como condición necesaria
para el logro de la democracia. Esta se
garantiza suprimiendo la democratización y sosteniendo la autoridad militar
como su guardián. Cuando Moulian hablaba de la sangre seca, del interminable dolor
de los que esperan el retorno de los desaparecidos, el gemido de los torturados,
el remordimiento de los que fueron
obligados a traicionar, la nostalgia de
los exiliados, el sufrimiento sordo de los
miles que se encontraron sin
empleo o incapaces de trabajar por anos, lo hacia para remover el encubrimiento de sus
marcas y confirmar el sonido de su tragedia. Para abrir momentáneamente el
discurso critico de las experiencias colectivas y exponer la política del
consenso como la fantasía de la perfecta transición a la democracia que las
elites políticas desean proyectar al mundo. Es la crítica a la transparencia
neo-liberal al llamar la atención a un mundo de experiencias que la transición a
la democracia continuo silenciando. El proceso de poner punto final a la historia de
esta violencia muestra el fracaso del Estado
en responder al problema del
antagonismo social. O dicho de otra manera…el Estado chileno confirma la
afirmación de que todas las formas particulares que el Estado adopta son, en
última instancia, los diferentes
intentos fallidos para lograr una
solución a la contradicción social.
Se podría argüir que algún tipo de sistema se ha
consolidado en Chile, a pesar de no ser verdaderamente democrático. Ciertamente,
Chile no esta congelado en una vaga situación constitucional. El desafío político
actual es el de moverse hacia la liberación
de las fuerzas sociales que los custodios de la identidad nacional mantienen
bajo su control. Supremacía civil implica la capacidad para formular y conducir
políticas generales sin interferencia, incluyendo la definición de intereses y
objetivos nacionales en todos sus aspectos y el papel de las Fuerzas Armadas,
que no deben ejercer una influencia autónoma que pudiera alterar o detener las iniciativas legales civiles. La constitución,
las leyes nacionales y los códigos militares deben definir la posición subordinada de las Fuerzas Armadas. La ausencia de esta
legalidad solo da la apariencia de una supremacía civil que desaparece tan
pronto como la autoridad militar decide que el País esta en medio de una crisis.
Este movimiento hacia la supremacía cívica es crítico para cualquier definición
significativa de democracia.
¿Cuan democrática es la mentalidad chilena? Según
una encuesta conducida por Latino barómetro en el 2001, menos de la mitad (45%)
de los chilenos esta de acuerdo con que la “democracia es preferible a
cualquier otro tipo de gobierno”. El 19% esta de acuerdo en que “en ciertas circunstancias un Gobierno
autoritario es preferible a la democracia.” ¿Cuánto tiempo demorara cambiar el
abrumador balance de fuerzas en la relacion cívico militar? Dadas todas estas
premisas se podría decir que una seria reforma democrática continuara siendo
extremadamente difícil dentro de los próximos año.
